La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó esta semana otra maniobra legal de Ricardo Salinas Pliego para evadir el pago de impuestos por más de 35 mil 450 millones de pesos. En una histórica decisión, el máximo tribunal del país desechó dos solicitudes de impedimento promovidas por Grupo Elektra, empresa del empresario que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de la transformación que vive el país.
Recursos de Grupo Elektra quedan sin efecto
El expediente 28/2025 revela que la empresa buscaba que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat se abstuvieran de conocer dos casos clave relacionados con la deuda fiscal. La presidenta de la Corte, Norma Piña, resolvió que las solicitudes eran “notoriamente improcedentes” y ordenó desecharlas.
La estrategia de Salinas Pliego, consistente en dilatar y entorpecer el proceso, ha sumado hasta marzo pasado más de 47 recursos de impedimento, reclamación y competencia presentados ante el máximo tribunal. Sin embargo, esta vez la SCJN puso un alto.
Deuda millonaria y dilaciones legales
Entre los casos rechazados está el recurso de reclamación 544/2024, radicado en la segunda sala de la Corte, con el que Grupo Elektra pretendía que la ministra Batres no participara en el proceso. Asimismo, se desechó un recurso contra las ministras Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat relacionado con un amparo directo en revisión que impugna un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos.
En marzo pasado, la segunda sala ya había multado a Elektra por promover recursos que solo buscan dilatar el procedimiento, aplicando el artículo 250 de la Ley de Amparo. Esta medida busca evitar más estrategias dilatorias por parte de empresas que, como Grupo Elektra, buscan evitar sus obligaciones fiscales.
Un paso firme contra los fraudes fiscales
Con este revés judicial, la SCJN demuestra su compromiso con la legalidad y la justicia tributaria. La deuda de Salinas Pliego —uno de los mayores opositores a la transformación del país— representa más de 35 mil millones de pesos que deberían destinarse a servicios públicos y programas sociales para el bienestar de las y los mexicanos.
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