Un tribunal colegiado en materia penal confirmó este martes la suspensión provisional que protege al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La decisión mantiene en pausa cualquier orden de captura en su contra, pese a las acusaciones por un presunto desfalco de 3,412 millones de pesos durante su administración.
Laberinto legal beneficia a político acusado
En una sesión remota de urgencia, el Sexto Tribunal Colegiado Penal desechó el recurso de la FGR contra la suspensión otorgada el 20 de mayo por la jueza Sindy Ortiz Castillo. Los magistrados determinaron que no había pruebas suficientes para demostrar que esta medida duplicaba otra suspensión definitiva previamente concedida por la jueza Jovita Vargas Alarcón. La presidenta del colegiado, Isabel Porras Odriozola, señaló que “no existe certeza de que ambas suspensiones correspondan al mismo acto jurídico”.
Maniobras procesales en caso de alto impacto
El expediente judicial revela peculiaridades preocupantes: la nueva demanda de amparo presentada por Aureoles el 19 de mayo muestra su nombre testado con asteriscos, una práctica inusual en casos de esta naturaleza. La jueza Ortiz Castillo fijó una fianza de apenas 27 mil pesos para hacer efectiva la suspensión y programó para el 18 de junio la audiencia que decidirá si la convierte en definitiva. Paralelamente, la jueza Vargas Alarcón notificó que la suspensión previa había quedado sin efecto por incumplimiento de condiciones.
FGR insiste: “No puede haber doble protección”
La fiscalía federal mantiene su postura de que Aureoles está utilizando recursos legales superpuestos para evadir la justicia. En un escrito contundente, argumentó que el exmandatario ya contaba con una suspensión definitiva y que esta nueva medida crea un “escudo jurídico indebido”. Los cargos en su contra se relacionan con la presunta compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil, un caso que ha generado indignación en Michoacán por el monto desviado y las necesidades de seguridad no atendidas.
Sociedad civil exige celeridad judicial
Organizaciones anticorrupción han calificado el caso como “prueba de fuego” para el sistema judicial mexicano. “Cuando un exgobernador acusado de robar miles de millones obtiene suspensiones sucesivas con fianzas simbólicas, se envía el mensaje de que hay justicia para ricos y otra para pobres”, denunció el Observatorio Ciudadano de Michoacán. El desenlace de la audiencia del 18 de junio será clave para determinar si Aureoles enfrenta finalmente a la justicia o continúa protegido por lo que sus críticos llaman “artimañas legales”.
Este caso ocurre en un momento de creciente escrutinio sobre el sistema de justicia federal, particularmente después de varios fallos controversiales que han beneficiado a exfuncionarios acusados de corrupción. Analistas jurídicos consultados señalan que la estrategia de Aureoles -presentar múltiples amparos en diferentes juzgados- refleja un patrón preocupante en casos de alto perfil político, donde los recursos procesales se utilizan más para dilatar que para garantizar derechos fundamentales.
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