Durante la Mañanera del 20 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de la Unión de dos iniciativas de reforma constitucional que buscan reforzar la soberanía de México y definir con claridad los delitos que ameritan prisión preventiva, en respuesta a la reciente designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte del gobierno de Donald Trump.
Reformas para proteger la soberanía y la seguridad
Las iniciativas se centran en modificar los artículos 19 y 40 de la Constitución. El primer paquete de reformas, relativo al artículo 40, incorpora dos párrafos nuevos que establecen que el pueblo mexicano, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones o intromisiones extranjeras que afecten la integridad, independencia y soberanía de la nación. Asimismo, se prohíbe la intervención en investigaciones y procesos de persecución sin la autorización expresa del Estado, garantizando así el control sobre la investigación y la administración de justicia.
El segundo paquete, basado en el artículo 19, busca imponer la pena más severa a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución o traslado ilícito de armas, así como a quienes realicen actividades ilegales relacionadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40. Esta reforma se plantea como una herramienta clave para combatir el tráfico de armas y, por ende, la delincuencia organizada.
Cooperación, pero sin injerencismo
Durante su intervención, la presidenta enfatizó que México mantiene una sólida colaboración y coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad, como la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la violencia. Sin embargo, dejó claro que esta relación se basa en el respeto mutuo y que no se tolerará ningún tipo de subordinación, injerencismo o invasión a la soberanía mexicana.
“No negociamos la soberanía. Con México es colaboración y coordinación, pero jamás injerencismo”, afirmó Sheinbaum.
Acciones adicionales en materia de seguridad
Además de las reformas constitucionales, la presidenta destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliará la demanda contra las empresas estadounidenses que fabrican y distribuyen armas de forma ilegal, ya que se estima que el 74% de las armas utilizadas por la delincuencia organizada en México proviene de Estados Unidos. Estas acciones son parte de una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad y proteger la integridad nacional.
Al finalizar la conferencia, la presidenta firmó la iniciativa en compañía de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, reafirmando el compromiso de su gobierno con la transformación y la defensa inquebrantable de la soberanía de México.
