En una acción contundente por parte del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) clausuró tiendas de importación en la capital poblana por incurrir en irregularidades tanto laborales como comerciales. La medida se realizó en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El operativo, efectuado entre el lunes y martes de esta semana, atendió denuncias ciudadanas que señalaban el incumplimiento de derechos laborales y del consumidor en estos establecimientos.
Clausura y productos inmovilizados en tiendas señaladas
El lunes, la Dirección General de Inspección del Trabajo de SEDETRA, en conjunto con Profeco y Seguridad Pública, intervino la tienda “Tesco China”, donde se inmovilizaron 4 mil 087 artículos por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se detectó la falta de precios visibles, comprobantes sin datos completos de compraventa, y promociones sin condiciones claramente establecidas.
Al día siguiente, se llevó a cabo un operativo en el establecimiento “Plaza Contigo”, en donde se identificaron presuntas violaciones a la legislación laboral, además de incumplimientos con la normatividad comercial. Profeco inmovilizó 277 productos por no contener información del fabricante o país de origen, como lo establece la NOM-004-SE-2021, y otros 3 mil 810 artículos más, al carecer de etiquetas en español, conforme a la NOM-050-SCFI-2004.
Como medida precautoria, Profeco colocó cinco sellos de suspensión de operaciones en este proveedor.
Garantía de justicia laboral y consumo responsable
Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con una economía justa, transparente y alineada a los principios del humanismo mexicano impulsados a nivel federal. A través de la SEDETRA, se fortalecen los mecanismos de vigilancia para proteger los derechos de las personas trabajadoras y garantizar condiciones de consumo equitativas para las y los poblanos.
Estas medidas, además de combatir prácticas abusivas, promueven una cultura de legalidad y formalidad que fortalece el desarrollo económico de la entidad.
