En un fallo que ha cimbrado al ámbito político, la Corte de Miami dictó sentencia en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de corrupción y contratación ilegal. Ambos deberán pagar una multa total de 2 mil 488 millones de dólares, como parte de la investigación que destapó el desvío de fondos públicos y la transferencia ilegal de activos a paraísos fiscales.
El fraude de García Luna y su esposa en los contratos del gobierno de Calderón
El caso, que data desde al menos 2012, revela cómo García Luna, en su capacidad como uno de los hombres más poderosos en el gobierno de Calderón, facilitó contratos fraudulentos a la familia Weinberg, un conglomerado israelí, en los cuales se extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas del Estado mexicano. Este dinero fue luego trasladado a Florida, donde se utilizó para adquirir propiedades y bienes muebles de alto valor.
El fallo judicial y la implicación del gobierno mexicano
La sentencia llega después de que el gobierno de México solicitara a la Corte que se les declarara culpables sin necesidad de juicio. Según los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes demandaron la recuperación de los activos, los acusados no respondieron a la demanda inicial, lo que llevó a la jueza Lisa Walsh a fallar en su contra.
García Luna y su esposa, quienes no se presentaron a las audiencias, enfrentarán sanciones por su implicación directa en la corrupción del sistema de seguridad pública mexicano. Mientras tanto, la UIF continúa con las negociaciones con otros implicados, incluyendo los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes siguen en conversaciones para pagar por su participación en el fraude.
Una condena que refuerza la lucha contra la impunidad en México
Este fallo civil se suma a la condena criminal de García Luna en Nueva York, donde fue sentenciado a 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Con estas sentencias, el país comienza a ver justicia por los actos de corrupción que marcaron la administración de Calderón, un recordatorio del legado de impunidad y desfalco que ahora se enfrenta.
