El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, firmó en secreto un contrato por 3 mil 919 millones de pesos con la empresa Seguritech, sin licitación y con cláusulas reservadas, para un sistema de seguridad que prometía blindar al estado. Sin embargo, tres años después, los delitos han aumentado y los casos de violencia estremecen al estado.
Desde 2022, la firma Seguritech —vinculada al escándalo de la “Casa Azul” en Guanajuato— fue favorecida por Kuri con un contrato hasta 2027, para infraestructura, cámaras, drones y centros de monitoreo. Todo ello dentro del llamado “modelo de seguridad queretano”.
El proyecto, firmado en febrero de 2022, fue presentado como una solución tecnológica de punta para prevenir el crimen. No obstante, la realidad muestra un panorama opuesto: aumento del 15% en delitos, masacres como la del bar Los Cantaritos con 10 muertos, incremento en tomas clandestinas de huachicol y un alza en extorsiones.
Contrato clasificado y resultados cuestionables
El contrato fue adjudicado de forma directa y reservado por el Comité de Transparencia. El gobierno se niega a brindar detalles, mientras que colonias como Las Rosas viven sin vigilancia efectiva y con cámaras que no funcionan. La ciudadanía denuncia inseguridad diaria, robos constantes y nula respuesta del sistema de vigilancia.
Kuri justificó la inversión como parte de un modelo que posicionaría a Querétaro entre los estados con mayor percepción de seguridad. La realidad: presencia creciente de grupos criminales, ejecuciones en vía pública y percepción de riesgo entre estudiantes y familias.
La historia se repite: Guanajuato como antecedente
El patrón se repite. En Guanajuato, otro gobierno panista asignó a Seguritech un contrato similar de 2,800 millones en 2013. El resultado fue desastroso: el estado pasó a encabezar el ranking nacional de homicidios. Hoy, Querétaro camina en ese mismo rumbo, con cifras y hechos que evidencian el fracaso de la fórmula.
